PRESENTACION DE LA DECLARACION DE MERIDA POR TRES PRESIDENTES AUTONOMICOS
(Texto completo de la Declaración al final)
Publicada en "El País" del 7-10-98
Ibarra, Bono y Chaves niegan que haya derecho que justifique «privilegios entre territorios»
Los presidentes autonómicos del PSOE defienden la vigencia de la Constitución en la Declaración de Mérida
ISABEL PEDROTE, Mérida
Los presidentes de las tres comunidades autónomas gobernadas por el PSOE -Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura- firmaron ayer la Declaración de Mérida, en la que defienden la vigencia de la Constitución y rechazan que exista derecho alguno, "ni previo ni posterior" a la Carta Magna, "que pueda ser invocado para justificar privilegios entre los territorios". Manuel Chaves, José Bono y Juan Carlos Rodríguez Ibarra negaron que el documento de Mérida sea una respuesta a las propuestas nacionalistas de las Declaraciones de Barcelona y Lizarra asegurando que la suma de sus fuerzas no supone "un frente contra nadie". La declaración, de tres folios, fue leída en la sede de la presidencia de Extremadura, en Mérida, por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, tras más de dos horas y media de reunión. A su término, el andaluz Manuel Chaves fue el encargado de dejar claro que su contenido no es la postura oficial del PSOE, sino el acuerdo institucional de los representantes de 10 millones de habitantes. Al ser preguntado sobre si el escrito podía contradecir o eclipsar la voz del candidato socialista, José Borrell, Chaves dijo: "No pretendemos entrar en contradicción con la opinión del partido, ni tapar, ocultar o disimular absolutamente nada, hay que separar claramente la opinión partidaria de la institucional, y no implica ninguna incompatibilidad".
Además del empeño en subrayar el carácter "institucional" del documento, los firmantes del mismo negaron que éste suponga la constitución de frente alguno "contra nadie", en un claro intento de salir al paso de comparaciones o contraposiciones con las declaraciones de Lizarra y Barcelona firmadas por los nacionalistas.
El documento firmado ayer en Mérida es un espaldarazo a la Constitución, como garante del equilibrio y la cohesión entre los españoles. Para empezar, los tres presidentes socialistas "afirman su lealtad" a la Carta Magna, pero advierten que no están dispuestos a que su silencio les haga "cómplices" de procesos que marginen a sus comunidades, por lo que van a defender sus intereses, "que no son diferentes a los de España".
Con frecuentes referencias al término "territorio" -en lugar de país, nacionalidad o región- expresan su apoyo al Gobierno para que dirija el proceso de paz tras la tregua de ETA, y también su firme rechazo a que este proceso sirva para conceder ventajas políticas "porque sería la peor amenaza de la convivencia". "Exigimos de los demócratas, de derecha o izquierda, nacionalista o no, respeto a las reglas del juego que nos hemos dado, incluso para cambiarlas en el caso de que alguno desee hacerlo", dice el texto, y añade que la Constitución misma admite todas las posiciones, "comprendidas aquellas que contradigan su contenido".
En otro momento del texto se argumenta que la Constitución, que reconoce hechos diferenciales e incluso el acceso al autogobierno, no admite un "derecho natural" , ni previo ni posterior a la Carta Magna, que pueda invocarse "para justificar privilegios entre los territorios o desigualdad entre los españoles". Finalmente el documento recuerda que las tres comunidades firmantes están organizadas "políticamente como pueblos" y no sólo tienen derecho a pronunciarse, sino que el "deber" de hacerlo. Y concluye con la solicitud de una reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, así como de la comparecencia de Aznar para "reflexionar sobre estos importantes asuntos".
La Declaración ha sido enviada a los presidentes de todas las comunidades autónomas. El presidente castellano-manchego, José Bono, dijo que el envío del texto es un gesto "cortés, educado y deferente", sin aclarar si buscan adhesiones de otras autonomías. Bono añadió, no obstante, que ayer mismo hablaron con los presidentes de Galicia y Castilla-León, Manuel Fraga y Juan José Lucas, y "otros más".
«Varios millones de españoles temen que ocurra algo»
I. P, Mérida
En la rueda de prensa posterior a la lectura de la Declaración de Mérida, arropados por las banderas de España y las de las tres comunidades autónomas, Chaves, Bono y Rodríguez Ibarra reivindicaron su derecho a reunirse, al igual que lo han hecho los presidentes de las autonomías gobernadas por el PP en San Sebastián, y afirmaron que su preocupación representa la de la mayoría de los españoles.
En este sentido, Rodríguez Ibarra señaló: "No creemos que seamos nosotros los que temamos que ocurra algo [tras las elecciones del País Vasco], son muchos millones de españoles los que temen que algo pueda ocurrir, incluso el ministro Rajoy decía que estaba preocupado". Rodríguez Ibarra añadió que el documento hace una defensa de la Constitución, como "muchos millones de españoles". Según el presidente extremeño, la posibilidad de autodeterminación "estremece" a una buena parte de vascos y catalanes que no quieren formar parte de "otra cosa" que no sea España: "Se preguntan: ¿Qué será de nosotros si eso ocurre?: Esta es una buena pregunta: ¿Qué hacemos con el 49% de catalanes y vascos que quieren seguir siendo españoles?".
El presidente castellano-manchego mostró su confianza en que Aznar atienda la solicitud de convocar al Senado y aseguró: "No hay ninguna ironía, ni ninguna interpretación cínica cuando digo que me duele, por ejemplo, que un diputado nacionalista, en materia de terrorismo, le diga al ministro del Interior que lo que debe hacer es callarse".
Manuel Chaves, por su parte, recalcó que no pretenden hacer un "frente contra nada ni contra nadie".
TEXTO ÍNTEGRO DE LA DECLARACIÓN DE MÉRIDA
"Reunidos los presidentes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, afirman su lealtad a la Constitución Española y a los Estatutos de Autonomía en el vigésimo aniversario de la primera.
En nuestra opinión, la Constitución ha servido para hacer de España un país más moderno y más justo, y un modelo de convivencia entre los españoles sólo enturbiado por el terrorismo de ETA. Con este marco hemos progresado como personas y como pueblos. Asimismo, hemos sido capaces de combinar el desarrollo de territorios como Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, secularmente abandonados, con la satisfacción de los legítimos deseos de los diferentes pueblos de España de conservar sus lenguas, culturas, derechos y sus particulares instituciones.
No estamos dispuestos a que nuestro silencio nos haga cómplices de procesos que marginen a nuestros territorios. Como presidentes de tres comunidades autónomas vamos a defender los intereses que representamos, que no son diferentes de los de España. Con la inmensa mayoría de los españoles, y en representación de nuestros pueblos, nos congratulamos de la oferta de ETA, en forma de "tregua indefinida" en sus actividades criminales. Vemos la novedad del carácter "indefinido" de la tregua como un alivio y una esperanza, ante la cual los demócratas debemos reaccionar con serenidad, con firmeza y con unidad, afirmando nuestra permanente voluntad de una paz definitiva, de un cese total e incondicional de una violencia injustificable.
Apoyamos con firmeza al Gobierno de España para que dirija el proceso que conduce a la paz. Pero con la misma firmeza creemos que nada más puede negociarse al respecto; que la paz es una exigencia legítima de todos los ciudadanos que no deben suponer contrapartidas políticas. Por eso, no aceptamos la idea de conceder ventaja política alguna porque sería la peor amenaza para la convivencia. Legitimar la violencia en democracia nos depararía un futuro incierto ante nuevos brotes de actividad violenta. En consecuencia, exigimos de los demócratas, de derecha o de izquierda, nacionalistas o no, respeto a las reglas de juego que nos hemos dado, incluso para cambiarlas en el caso de que algunos deseen hacerlo.
La confusa declaración de separar las reivindicaciones políticas de algunos partidos nacionalistas de las conversaciones para el cese definitivo de la violencia terrorista debe convertirse en una firme posición, propia de cualquier demócrata que no puede aparecer ante la opinión pública mezclando sus aspiraciones con las de los que practican el terror. La Constitución misma, con su vocación incluyente y no excluyente, admite todas las posiciones que se expresen pacíficamente, comprendidas aquellas que contradigan su contenido; por eso nada explica la violencia cuando las aspiraciones pueden expresarse en paz. Hoy, cuando se empezaba a superar el nacionalismo español de carácter excluyente, vemos con preocupación las posiciones nacionalistas que cuestionan la cohesión garantizada en la Constitución y niegan la soberanía de los españoles en su conjunto.
Como representantes autonómicos de más de diez millones de españoles, defendemos la cohesión social y la solidaridad territorial. La paz no es sólo el silencio de las armas; la paz es también la paz social, el equilibrio entre sus territorios y la garantía de igualdad de los derechos y oportunidades en cuestiones básicas (educación, bienestar social, etc.) para mantener así la cohesión entre los españoles, vivan donde vivan.
Dentro de la unidad política de España, en la que nuestra Constitución reconoce los hechos diferenciales, los sistemas particulares de financiación y las diferentes vías de acceso al autogobierno, no existe un derecho natural, ni previo ni posterior a la Constitución, que pueda ser invocado para justificar privilegios entre los territorios o desigualdad entre los españoles. En este sentido, todas las comunidades autónomas tienen el derecho a los niveles de autogobierno y competencias a que aspiren dentro de lo que la Constitución admite.
Estamos organizados políticamente como pueblos, y no sólo tenemos derecho a pronunciarnos como comunidades autónomas sobre la estructura de Estado, de todo el Estado, sino que tenemos el deber de hacerlo. Para poder reflexionar en conjunto, los presidentes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura pedimos la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado y la comparecencia del presidente del Gobierno de España para debatir sobre estos importantes asuntos".