QUE 20 AÑOS NO ES NADA...

Artículo de ANTONIO ELORZA en "El País" del 27-1-99

Hubo sin duda un cumpleaños de la Constitución peor que el del pasado diciembre. Fue el tercero, cuando tras el golpe fallido del 23-F no se había apagado del todo el ruido de sables y con él la amenaza de que la nueva democracia siguiese la triste suerte de la Niña de 1931. Luego, una vez resuelta la cuestión militar, quedó como única rémora, y bien grave por cierto, el terrorismo de ETA, pero la superación del escollo representado por la plurinacionalidad pareció ir por buen camino con el funcionamiento satisfactorio de los Estatutos de Cataluña y de Euskadi bajo el gobierno de CiU y de PNV.

Paradójicamente, es ahora, coincidiendo con el final previsible del terror de ETA, cuando la Constitución vuelve a ser puesta en tela de juicio por esos mismos nacionalistas. Y es una crisis tanto más difícil de superar cuanto que sus motivaciones no se sitúan como entonces en el plano de la realidad sino de lo imaginario. Cabría aplicarle un título similar al empleado por Alexis de Tocqueville para designar la gestación del estallido de 1789: "Que el reinado de Luis XVI fue la época más próspera del antiguo régimen y cómo esta misma prosperidad aceleró la Revolución".

En efecto, el balance de estas dos décadas de Estado de las autonomías no autoriza el diagnóstico de que entre nosotros se da una mera descentralización. La plurinacionalidad está ahí, en la ley fundamental, con la articulación de nación y nacionalidades, de acuerdo con el carácter de "nación de naciones" que corresponde a una España que no es ni Yugoslavia ni el imperio austrohúngaro. Y sobre todo en un desarrollo político que ha permitido singularmente a catalanes y a vascos protagonizar procesos acelerados de construcción nacional. Las reivindicaciones actuales no son hijas de la frustración sino del éxito de las respectivas construcciones nacionales -consistentes en la afirmación de la identidad y de la lengua propias, autogobierno con amplias facultades y posibilidad de estrechar vínculos con otros territorios de la misma tradición cultural- dentro del marco de la Constitución y de los Estatutos.

Para entenderlo es necesario escapar de la trampa en que intenta encerrarnos una y otra vez el discurso de los partidos nacionalistas, presentándose a sí mismos como portavoces exclusivos de sus comunidades y a sus propuestas como la emanación legítima del "pueblo" que les corresponde. La oposición no se sitúa, como ellos indican, entre un constitucionalismo y una autonomía necesariamente españolistas y los derechos de la nación vasca o de la nación catalana sino entre una autonomía que en nada se opone a la construcción nacional y el objetivo de la secesión a corto o a medio plazo.

Así, para los integrantes del frente nacionalista vasco, no hace falta entrar a juzgar de qué sirvió el Estatuto; en cuanto fórmula de la autonomía, está sin más "agotado". Otro tanto le ocurre a la Constitución, la cual por añadidura, al no contar aquéllos con expectativas de un respaldo electoral suficiente para la "soberanía" vasca, sirve de chivo expiatorio en cuanto norma española que cercena los "derechos históricos" de los vascos. La autodeterminación se convierte así en pura y simple consigna de agitación.

A partir de tales premisas, el itinerario a seguir resulta claro para los de Lizarra, servidores voluntarios de la perspectiva tradicional diseñada por ETA: poner en marcha un proceso de separación progresiva, con un punto de arranque en la ruptura del vínculo político con la Constitución (y el Estatuto). Es lo que representa el eufemismo del "ámbito vasco de decisión", definido en aquel texto sibilino que fue el plan Ardanza: sólo los vascos deciden (apariencia democrática), la Constitución simplemente se esfuma y, lógicamente, con ella todo papel de las instituciones españolas en la resolución del "contencioso" vasco con el Estado, razón de ser etarra ahora asumida por EA, PNV e IU. No hace falta referéndum alguno. Desde el momento en que sea reconocido un "ámbito vasco de decisión", el orden constitucional deja de estar vigente en Euskadi.

Itinerario de rostro democrático, pero cuyo contenido lo es, en todo caso, de "democracia vasca", expresión etarra que designa algo similar a lo que fuera históricamente la República Democrática alemana; es decir, la negación efectiva de la democracia. Es algo que pertenece a la tradición de la derecha nacionalista anterior a 1936. Ahora, HB-EH, tanto da, resucita su diseño con esa Asamblea de Ayuntamientos vascos que le serviría de plataforma para impulsar sus fines políticos, los de ETA, con el puñado de electores de Orexa o de Ikaztegieta valiendo lo mismo que las decenas de miles de Bilbao o San Sebastián.

Por supuesto, todo esto sería no sólo burdo sino inútil de no contar con el beneplácito de un PNV que, con idéntico desprecio a la democracia, ha dado la vuelta a las posiciones fijadas en sus Congresos desde hace más de 20 años por la santa voluntad de Arzalluz. Ni concesiones democráticas a su partido, el PNV, ni a los electores del pasado octubre, a quienes les fuera prometido un futuro inmediato de integración y olvido de las reivindicaciones políticas hasta el nuevo milenio. Así las cosas, una autodeterminación a cargo de Arzalluz y ETA-HB, tendría de democrático lo que el plebiscito por la unidad de Italia que retrataba Lucchino Visconti en su Gatopardo.

De momento, nos encontramos con lo impensable hasta hace unos meses: Gobierno de frente nacional, movido a distancia por EH-HB, es decir, la posibilidad de que frente al "Estado" asuma de facto el PNV la nada simbólica función de brazo político de ETA. Y hasta las próximas elecciones municipales, presión violenta batasuna de baja intensidad sobre los demócratas, PP en primer plano, amparada ahora por una Consejería de Interior que sólo protege los riesgos de muerte.

Así avanzarán los tres grupos abertzales hacia sus objetivos, mostrando quién es de veras el amo de Euskadi: EH-HB-ETA y EA hacia la independencia, el PNV hasta un rellano anterior que garantice el paso indoloro de la estrella solitaria vasca hacia Europa. Con las pistolas temporalmente calladas en la sombra, siguiendo el camino correcto de que habló un comentarista en su elogio de la táctica de Otegi; lástima que el escenario de las posibles "rebajas" no se desprenda de una intimidación nacionalsocialista.

Tiene, pues, poco sentido pensar con estos datos en una nueva etapa constituyente para resolver las cosas con una Confederación tetracéfala. No sólo porque el balance histórico de este tipo de experiencias sea más bien catastrófico sino porque a la vista de lo ocurrido con las autonomías desde 1979, esa concesión de fondo no sería el punto de llegada sino el de partida para la ruptura final. Existen reformas constitucionales por abordar, en cuanto haya algo de serenidad, y la del Senado como cámara territorial, entre otras de igual signo, como prioritaria, pero sin dejarse arrastrar por la tentación de confundir democracia con disociación. La experiencia del Gobierno Aznar desde 1996, en su coalición de zoco con los partidos nacionalistas, ha sido a este respecto ejemplar por lo calamitosa.

En suma, la Constitución ha funcionado bien en líneas generales, aunque lógicamente a personajes como el extraviado Julio Anguita o el cuerdo Arnaldo Otegi les parezca respectivamente, doña Inés de Castro y una cárcel de pueblos. Hay que reformarla, pero también hay que defenderla. Según advierte la letra del tango, en tiempo histórico, "veinte años no es nada". Y por terminar con la misma referencia, todo antes que volver a un pasado de inconsciencia respecto de lo que una ley fundamental representa para la conservación de la democracia.

Antonio Elorza es catedrático de Pensamiento Político de la Universidad Complutense.